La visita que recientemente realizó Amnistía Internacional a Kenia descubrió indicios de homicidios ilegítimos, reasentamientos forzosos y quema de casas por motivos étnicos a manos de milicias armadas. También documentó uso excesivo de la fuerza por parte de agentes de seguridad, violencia sexual contra mujeres y niñas, violaciones del derecho a la libertad de expresión y reunión, y amenazas de muerte contra activistas y personas que defienden los derechos humanos.

Entre los fallecidos se encuentran centenares de personas muertas por disparos de la policía, que se desplegó para sofocar la violencia postelectoral y disolver las grandes manifestaciones que, en protesta por las elecciones, convocó el opositor Movimiento Democrático Naranja.

La violencia que se desató a partir de entonces ha ido adoptando la forma de ataques cada vez más organizados por parte de milicias étnicas y bandas juveniles contra personas de etnia kikuyu, a los que se ha respondido con ataques de represalia de las milicias y bandas juveniles kikuyus.

Existe especial preocupación por la dimensión étnica de la violencia política y por las consecuencias a largo plazo que puede tener para la sociedad keniana.

Amnistía Internacional pide al gobierno de Kenia que proteja a su población, gran parte de la cual lleva dos meses soportando un sufrimiento implacable.

Los dirigentes kenianos deben poner fin al círculo de impunidad que perpetúa la violencia de motivación política en el país.