El blog de Ana

En la política exterior de los diferentes Estados, lo que prima a la hora de derivar el sentido de sus políticas hacia un enfoque u otro, son sus intereses políticos. Así, la actuación de los Estados en el teatro internacional es parcial y selectiva. Utilizan el discurso humanitario a su conveniencia, y en ocasiones recurren a un "derecho de injerencia" para legitimaciones cuya motivación real es geopolítica o estratégica en sus respectivas agendas políticas internas. Así, cabría destacar como ejemplo la participación de los miembros de la Alianza Atlántica en la guerra de Kosovo, la cual se presentó ante la opinión pública como una "cruzada moral", pero que no fue autorizada expresamente por el Consejo de Seguridad.

En este orden de ideas, destaca el papel ambiguo que desempeña la ONU en las intervenciones humanitarias.

Así mismo, es frecuente que los Estados lleven a cabo intervenciones humanitarias basadas en la distribución de ayuda a modo de "política de sustitución". De este modo, los Estados logran una salida fácil y una limpieza de imagen pública a su no-intervención en los conflictos y sus causas que han originado crisis humanitarias.

Además, el Consejo de Seguridad se encuentra condicionado por las limitaciones de la Carta de la ONU, y los intereses y la voluntad de los "Cinco Grandes" desencadenan los factores que determinan que se actúe o no en los conflictos y de qué modo. Además, el Consejo de Seguridad posee un carácter oligárquico.

Así mismo, se ha de poner mayor énfasis y recursos a la cooperación al desarrollo para trabajar en las causas del conflicto y establecer medidas que funcionen en la resolución del conflicto a largo plazo, y no unicamente como viene sucediendo hasta ahora. Así, en la actualidad el combatir las causas de los conflictos y crisis humanitarias sólo cubre en parte las consecuencias.

En otro orden de ideas, otro de los problemas a destacar es la politización de la ayuda humanitaria, la cual debería ser universal y no discriminar a las víctimas según el conflicto y zona del planeta en el que estén inmersos. Así mismo, se debería regular eficazmente el código de conductas de las ONG y tomar medidas para acabar con el escepticismo de la opinión pública hacia dichas instituciones y normas sociales.

En definitiva, los Derechos Humanos ceden a menudo ante los intereses de los Estados y se precisa urgentemente un mayor desarrollo del Derecho Internacional y Humanitario totalmente vinculante, es decir, que Estados como Israel no tengan opción de violar sistemáticamente el Derecho Internacional y los derechos humanos de los palestinos y así mismo, que éstos últimos introduzcan reglas de juego democráticas en sus instituciones. Además, se ha de garantizar la protección de las víctimas en todas las circunstancias, por lo que se han de reforzar los instrumentos y la legislación que así lo permita.

El pasado 26 de marzo tuvo lugar en Guantánamo la vista incoatoria de David Hicks, detenido de nacionalidad australiana, que constituye la primera acción llevada a cabo en virtud de la Ley de Comisiones Militares. Se prevé que estos juicios bajo la Ley de Comisiones Militares no vayan a ajustarse a las normas internacionales sobre garantías procesales. En los casos de civiles detenidos fuera de zonas de conflicto armado, las comisiones militares ni siquiera deberían tener jurisdicción para juzgarlos. Así mismo, en estos juicios se admitirá como prueba información obtenida mediante coacción al someter al acusado a tratos crueles, inhumanos o degradantes, y la Administración estadounidense podrá presentar pruebas al tiempo que mantiene ocultos los métodos utilizados para obtenerlas. Algunas de las personas que probablemente serán procesadas ante una comisión militar han permanecido recluídas durante años en secreto bajo la custodia de la CIA, cuyas técnicas de interrogatorio están clasificadas como de “máximo secreto”. La Administración Bush debe abandonar las comisiones militares y procesar ante tribunales federales ordinarios, sin recurso a la pena de muerte a todos los detenidos de Guantánamo contra los que se formulen cargos. En este orden de ideas, se siente una honda preocupación por la posibilidad de que los detenidos sean ejecutados después de esos juicios. Las comisiones militares actuarán en lo que se asemeja bastante a un vacío legal. Los acusados no pueden buscar protección en el derecho internacional de los derechos humanos, los Convenios de Ginebra o la Constitución de EEUU. Así mismo, bajo las comisiones militares, los detenidos pueden ser devueltos a la detención indefinida bajo el calificativo de “combatiente enemigo”. Se ha de instar a la Administración estadounidense a que abandone las comisiones militares y procese a los detenidos imputados ante tribunales federales ordinarios si ha lugar, y sin recurrir a la pena de muerte. De este modo, todo esto viene a confirmar la necesidad de cerrar YA Guantánamo y acabar con la ausencia de justicia, derecho y moral por parte de la Administración Bush que Guantánamo ha pasado a simbolizar.